Los rectores piden pactar la nueva Selectividad para evitar el caos

 La reforma establece una reválida en bachiller y deja a los campus hacer pruebas propias
 Las universidades reclaman que estas sean válidas en toda España


Los rectores tendrán muy pronto que poner hilo a la aguja y posicionarse sobre cómo debe ser el nuevo acceso a la universidad, ya que la reforma educativa elimina la Selectividad. Cataluña abrió el melón en diciembre cuando las siete universidades públicas y la Generalitat acordaron mantener una prueba única para todos los alumnos.

El anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que tramita el Gobierno sustituye la actual prueba de Selectividad por una reválida al final del bachillerato (imprescindible para conseguir el título y acceder a los campus), y permite a las universidades, si lo desean, crear sus propias pruebas de acceso para las carreras que quieran. Con la propuesta catalana, los alumnos tendrían dos exámenes distintos de filtro: la reválida de bachiller y la prueba de acceso diseñada por las universidades.

En todo caso, la mayoría de los flecos y de las concreciones están aún completamente abiertas. Y en ese contexto, los rectores del resto de comunidades se apresuran a definir una estrategia, con la premisa clara de que si los campus crean nuevas pruebas de selección, estas deben ser válidas en todo el Estado. “Vemos la iniciativa catalana con cierta preocupación, ya que obliga a otras comunidades a hacer lo mismo”, tercia Juan Juliá, rector de la Politécnica de Valencia y vicepresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Otros rectores, sin embargo, ven con buenos ojos la propuesta catalana y, en todo caso, la mayoría están convencidos de que hay que buscar una solución común para evitar el “caos” que provocaría en el sistema universitario que los alumnos tengan que pasar pruebas distintas en las diferentes universidades o, incluso, facultades en que se preinscriban. “La movilidad de los estudiantes se reduciría muchísimo”, alerta Juliá. Se trataría de evitar la creación de 17 sistemas segregados y los consecuentes agravios comparativos entre las distintas comunidades. “Los alumnos no pueden estar paseando por toda España haciendo pruebas”, se queja José Manuel Roldán, rector de la Universidad de Córdoba y representante de los rectores andaluces.

Sin una propuesta oficial desde las universidades (más allá de la catalana), la idea inicial del proyecto de ley, expresada por algunos consejeros autonómicos del PP, es que solo se hagan evaluaciones extra, aparte de la reválida, para entrar en las carreras con mucha demanda —Medicina, Arquitectura o algunas ingenierías—, al igual que la que ya existe en algunas facultades de Bellas Artes. La propuesta de ley dice que estas evaluaciones tendrán carácter “excepcional” y también establece otros mecanismos para acceder a titulaciones concretas, como tener en cuenta las notas de determinadas asignaturas del bachillerato o de la reválida, o estudios o formación previa. Para entrar en el resto de carreras contaría la nota de la reválida, en cuya preparación no participarían las universidades.

Lo que sí tienen claro los rectores, en todo caso, es que la prueba que se haga desde los campus debe ser válida en toda España. La CRUE propone que sea el Consejo de Universidades (donde están representados Gobierno y rectores) el que establezca las pautas de las evaluaciones, que servirían de base para que posteriormente cada comunidad las concrete. Más o menos como hasta ahora, ya que los Gobiernos autónomos tienen las competencias sobre la Selectividad, que después tiene validez estatal.
Los rectores creen que no debe haber una prueba para cada facultad
Los rectores rechazan por “cuestiones técnicas y de objetividad” que cada facultad ponga sus propias pruebas de acceso, porque los alumnos quedarían a merced de criterios dispares fijados por cada universidad en función de sus intereses. “Sería una discriminación para los alumnos, ya que podríamos elegir a aquellos que nos apeteciera”, alerta el rector de la Complutense de Madrid, José Carrillo. Este argumento esgrimieron las universidades catalanas para consensuar una prueba común y única, y alertaron del peligro de “mercantilización” y “elitización” de los campus, según el rigor de las pruebas que establecieran.
Los rectores coinciden en que la actual Selectividad tiene “muchos defectos y es mejorable”, pero en general no les gusta la idea de eliminar este filtro porque garantiza el principio de igualdad, ya que todos los alumnos se someten a la misma criba. El rector de la Complutense dice, sin embargo, que la reválida del bachillerato “podría ser suficiente”, en tanto que es una prueba de evaluación externa que no corrigen los institutos, ya que podría “ser redundante” someter a los alumnos a exámenes muy parecidos (la reválida y la nueva Selectividad) con pocos días de diferencia. Para evitar esto, Cataluña acordó que en la prueba universitaria los estudiantes solo se evaluaran de las asignaturas de modalidad, es decir, la especialidad que han cursado, las clásicas ciencias o letras.

Las universidades no han hecho todavía ningún movimiento para copiar los pasos de Cataluña, pero lo podrían hacer pronto. De hecho, los rectores madrileños se reunirán después de las vacaciones navideñas. Por su parte, Andalucía podría abordar el asunto durante el primer trimestre del año.

UN POCO DE HISTORIA: Cuatro décadas sorteando críticas

Las críticas han acompañado a las pruebas de acceso a la universidad, la Selectividad, desde su nacimiento con la ley educativa de 1970, que eliminó las reválidas en el resto de etapas pero mantuvo esta criba previa a la llegada al campus. Siempre se le ha atacado desde todos los flancos: por blanda, ya que aprobaba mucha gente, siempre más de 75% (en torno al 90% en los últimos años), o por dura, innecesaria y antisocial, un “exceso de celo”, como la calificó en 1984 Manuel Vázquez Montalbán. Además, muchos profesores se han quejado tradicionalmente de que el examen condiciona de tal manera lo que enseñan en segundo de bachillerato (antes, el COU) que el curso se convierte en una pura preparación de la prueba.

Pero la Selectividad ha conseguido sobrevivir —eso sí, con distintas versiones, contenidos, número de exámenes y ponderaciones entre la nota y del examen del bachillerato— desde su primera edición, allá por 1974.

Y lo ha hecho porque, según sus defensores, es la forma menos mala de cumplir un doble objetivo: garantizar un nivel mínimo homologable para todos los estudiantes que llegan a la Universidad, al margen del tipo de centro (público o privado); y ordenar la entrada en aquellas carreras que tienen más demanda que oferta de plazas.

La propuesta de sustituir la Selectividad por una reválida (más las evaluaciones concretas que quisieran añadir las universidades), en realidad, es una vieja propuesta del PP que, de hecho, plasmó en la ley educativa aprobada durante la segunda legislatura de José María Aznar (LOCE, 2002). Durante el desarrollo de aquel nuevo formato, los rectores renunciaron a hacer pruebas propias posteriores a la reválida por ser un “sistema complejo y que genera desigualdades”, dijeron. Eso sí, reclamaron participar en la confección de la reválida de bachillerato.

En todo caso, la Selectividad también consiguió sobrevivir a aquel envite pues, como la mayoría de los cambios que contemplaba la LOCE, el del acceso a la Universidad no se llegó a aplicar porque el PSOE paralizó la puesta en marcha de la ley al llegar a La Moncloa en marzo de 2004.