Las universidades podrán acordar pruebas de acceso conjuntas
Las
“evaluaciones específicas” serán excepcionales, según la ley
El temor
es una posible acumulación de exámenes para los estudiantes
La reforma educativa eliminará la Selectividad. Esta será
sustituida por una reválida al final del bachillerato (si esta no se aprueba,
ni se consigue el título ni se puede acceder a una carrera) y por las pruebas y
los mecanismos de acceso que determine, si quiere, cada universidad para cada
una de sus titulaciones. Se trata exactamente del mismo proceso que instauró la
ley educativa aprobada hace una década por el Ejecutivo popular de José María
Aznar (la LOCE), pero que no llegó a entrar en vigor.
Rectores
y comunidades habían manifestado en los últimos meses dudas sobre el modelo,
por lo que la nueva versión del texto del anteproyecto presentada el martes a
las comunidades introduce algunos cambios. Dice que las “evaluaciones
específicas de conocimientos y/o de competencias” se establecerán “de forma
excepcional”, y se añade que las universidades “podrán acordar la realización
conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión que establezcan, así
como el reconocimiento mutuo de los resultados de las valoraciones realizadas
en los procedimientos de admisión”.
Este
último punto da cobertura a pruebas únicas para acceder a carreras muy
demandadas, por ejemplo, algunas ingenierías o Medicina. “De momento no hay
nada hablado, pero es un tema política y académicamente muy complicado”, dice
el presidente de los decanos de Medicina, Joaquín García-Estañ, que añade que,
en todo caso, lo que se ha de evitar es que los alumnos tengan que ir haciendo
exámenes de campus en campus y de comunidad en comunidad.
Algo parecido advirtió el
miércoles el secretario de Universidades de la Generalitat de Cataluña, Antoni
Castellà, que anunció su intención de hacer una prueba única de acceso a los
campus públicos y privados de catalanes para evitar el “peregrinar” de los
alumnos en busca de plaza.
El
ministro de Educación, José Ignacio Wert, aseguró que las pruebas de acceso son
voluntarias. “El que considere que no le interesa diferenciarse ni afinar los
procedimientos de admisión de alumnos está perfectamente habilitado por la ley
para no hacerlo”, dijo.
La
ley dice que el Gobierno desarrollará en el futuro la normativa básica a la que
se tendrán que atener las universidades para fijar esos procedimientos, que en
todo caso tendrán “alguno o algunos” de los siguientes criterios: calificación
final del bachillerato; haber cursado cierta modalidad o ciertas asignaturas en
bachillerato; haber sacado buenas notas en bachillerato o en la reválida;
cierta “formación académica o profesional complementaria”; o “estudios
superiores cursados con anterioridad”.
Pero la gran preocupación son
esas “evaluaciones específicas” por la posible acumulación en muy poco tiempo
de pruebas, entrevistas o exámenes a sumar a la reválida. La ley dice ahora que
serán excepcionales, el problema es hasta qué punto las universidades harán uso
de esa excepcionalidad, dijo el director general de Universidades e
Investigación de Castilla y León, Angel de los Ríos, según informa Efe. Si las
universidades deciden no aplicar ningún tipo de proceso de acceso a alguna
titulación, lo que contará es la calificación final de bachillerato: la nota la
reválida contará un 40% y la media de todas las asignaturas de bachillerato el
otro 60%.
Los
alumnos que no aprueben la reválida tendrán cerrado el acceso a la Universidad
pero podrán empezar un título de FP de grado superior. Y una vez titulados en
uno de estos ciclos, podrán acceder a la Universidad. Pero, en este caso, la
ley dice que estos alumnos tendrán que pasar obligatoriamente por un proceso de
admisión (ahora, el título de FP les da acceso directo). Ese proceso lo fijarán
las universidades a partir de las normas mínimas que fije el Gobierno y que también
tendrán que ver con las notas y el currículo previo y también podrán contemplar
“excepcionalmente” esas “evaluaciones específicas”.
