Demografía- Población - Inmigración.

IMPOSIBLE PONER BARRERAS AL MAR

Pacto en el Senado para la legalización de más de 11 millones de indocumentados. 

• Senadores de EE UU presentan las bases de la reforma migratoria

• Las claves de la reforma migratoria

El presidente Barack Obama, que el martes expondrá extensamente su posición al respecto, respalda este acuerdo

Diarío el País, 29 enero 2013.

- La iniciativa ha surgido de un grupo de ocho senadores –cuatro demócratas y cuatro republicanos- con gran peso e influencia entre sus respectivos grupos.

Aquellos que residan ilegalmente en EE UU y quieran recibir papeles tendrán que registrarse, demostrar su plazo de estancia, pagar un multa, ponerse al día de los impuestos impagados desde que viven aquí, someterse a varias entrevistas, aprender inglés y estudiar lo esencial de la historia y el sistema político de este país.

-  Aquellos que residan ilegalmente en EE UU y quieran recibir papeles tendrán que registrarse, demostrar su plazo de estancia, pagar un multa, ponerse al día de los impuestos impagados desde que viven aquí, someterse a varias entrevistas, aprender inglés y estudiar lo esencial de la historia y el sistema político de este país.

- Se aplicarán tres velocidades distintas en este proceso: una más rápida para los jóvenes que que han crecido y estudiado aquí, una intermedia para los trabajadores del campo y una tercera más lenta para el resto de los inmigrantes

Senadores demócratas y republicanos anunciaron este lunes un pacto sobre una reforma legislativa que incluya una vía, aunque larga y costosa, para la legalización de más de once millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, una verdadera revolución del sistema migratorio con importantes consecuencias demográficas, económicas y políticas. El presidente Barack Obama, que el martes expondrá extensamente su posición al respecto, respalda este acuerdo.

La iniciativa ha surgido de un grupo de ocho senadores –cuatro demócratas y cuatro republicanos- con gran peso e influencia entre sus respectivos grupos, lo que hace pensar que, después de muchos y fracasados intentos durante varios años, esta vez se trata de una propuesta con considerables posibilidades de éxito, sobre todo en el Senado. Cosa diferente es en la Cámara de Representantes, donde tiene mayor presencia el sector radical del Partido Republicano.

Si este pacto prospera, estaremos ante la más ambiciosa remodelación del modelo migratorio norteamericanoen varias décadas, un paso que permitirá surgir de las sombras a millones de familias que viven en la semiclandestinidad y crear un nuevo mecanismo de control fronterizo y de visados para evitar otra acumulación masiva de indocumentados en pocos años más. Pero es un pacto que, para salir adelante, requiere de una serie de difíciles trámites parlamentarios y, sobre todo, de una serie de arriesgadas decisiones políticas que pueden llevar todavía varios meses. El optimismo actual se fundamenta en que, como dijo, Chuck Schumer, uno de los autores de la propuesta, “por primera vez, hay más riesgos políticos en oponerse a la reforma migratoria que en apoyarla”. Schumer pronosticó que podría votarse una ley en la primavera o verano próximos.

El acuerdo ha sido anunciado por los números dos y tres del Partido Demócrata en el Senado, Dick Durbin y el propio Schumer, así como por el presidente del comité de Relaciones Exteriores, el cubano-americanoBob Menéndez, y Michael Bennet, presidente del Comité de Campaña Senatorial Demócrata, el órgano que dirige las campañas electorales de los demócratas en esa cámara.

Por el lado republicano, han firmado los senadores John McCain y Lindsey Graham, dos veteranos que participan ahora en el esfuerzo de la facción moderada de su partido por separarse del Tea Pary, y por los senadores Jeff Flake, un novato que intenta sumar al sector más joven, y Marco Rubio. La presencia de éste último es la más significativa. Rubio, también de origen cubano, capitanea actualmente la ofensiva republicana para recapturar el voto latino, que ha abandonado drásticamente a los conservadores en las dos últimas elecciones presidenciales. Pero Rubio no es un enemigo del Tea Party ni un símbolo del pasado, categorías ambas en la que milita McCain. Su presencia, por tanto, en ese octeto, es una de las razones por las que se puede ser optimista sobre la suerte de esta propuesta.

El acuerdo alcanzado no anuncia un camino de rosas para los indocumentados. No va a ser tan sencillo como presentarse en la oficina de inmigración de la esquina con un recibo de la luz. Aquellos que residan ilegalmente en EE UU y quieran recibir papeles tendrán que registrarse, demostrar su plazo de estancia, pagar un multa, ponerse al día de los impuestos impagados desde que viven aquí, someterse a varias entrevistas, aprender inglés y estudiar lo esencial de la historia y el sistema político de este país. Cumplidos esos trámites, serán puestos en la cola de las solicitudes legales de visado, con el objeto de no dar ventaja a los ilegales sobre aquellos que siguen el camino marcado de la ley. Durante el tiempo que dure esa tramitación, podrán permanecer en el país, pero no tendrán acceso aún al paro, la seguridad social y los demás beneficios sociales que existen para los norteamericanos. En última instancia, millones de personas levantarán un día su brazo derecho y jurarán fidelidad a la bandera y la Constitución de Estados Unidos.

Se aplicarán tres velocidades distintas en este proceso: una más rápida para los jóvenes que fueron traídos sin papeles por sus padres y que han crecido y estudiado aquí, una intermedia para los trabajadores del campo, esencialmente en la producción de alimentos, y una tercera más lenta para el resto de los inmigrantes.

La legalización está sometida, además, a otras condiciones generales del sistema migratorio. Se reforzará la policía de las fronteras, se les facilitará nuevo equipo y tecnología para cumplir más eficazmente con su función. En la medida en que se vaya certificando que esas medidas de seguridad avanzan, se irán firmando los permisos de residencia a los indocumentados.

Al mismo tiempo, se pondrá en marcha un nuevo método de seguimiento de los visados temporales para que las autoridades puedan asegurarse que nadie se queda posteriormente en el país de forma ilegal. Asimismo, se acelerará la deportación de aquellos a quienes, en el proceso de verificación, se les encuentren antecedentes de delitos graves de carácter criminal.

En general, lo que se pretende es una completa modernización del sistema y una especie de borrón y cuenta nueva que clarifique la situación real y envíe, de alguna forma, un mensaje a los futuros inmigrantes de que no se admitirá más ilegalidad. En 2011, sin contar con los que consiguieron su objetivo, la policía detuvo a 327.000 personas tratando de entrar al país ilegalmente. “El actual status quo es insostenible”, ha dicho McCain.

El magnetismo que EE UU tiene para los inmigrantes, pese a haber descendido en los últimos años de crisis económica aquí y de crecimiento en América Latina, es todavía enorme. Esta es una nación de inmigrantes y no pretende dejar de serlo. Pero se quiere ordenar un poco ese tráfico y también hacerlo más selectivo. Parte de esta reforma tiene por objeto ampliar el número de visados que se otorgan a investigadores, científicos, promotores e innovadores en general –los empresarios se quejan de una carencia de ese tipo de personal-, mientras se reduce el número de trabajadores manuales, excepto en el campo.

Ratificando la importancia de este paso para la comunidad hispana, el senador Menéndez ha utilizado el idioma español para asegurar que esta es una oportunidad como no ha habido otro para aprobar esta reforma.

¿Dejar caer a los bancos es Posible?

En Islandía sí. 

Nortica recogida el diario El País. 29 enero 2013.

Islandia gana a Reino Unido y Holanda la batalla por la quiebra de su banca

Un tribunal respalda la decisión del Gobierno islandés de no devolver el 100% del dinero

Reikiavik ya ha abonado más del 90% de los mínimos que establecía la normativa de 2008

¿Quién tiene que pagar los platos rotos del crash de la banca? Islandia, al contrario que países como España o Irlanda, decidió que los contribuyentes no debían costear los desmanes de un sector que había crecido de forma desproporcionada. O al menos, que no debían compensar a los británicos y holandeses que perdieron sus ahorros en bancos islandeses. Los ciudadanos dijeron no en dos ocasiones a través de sendos referendos. Ahora, cinco años después del hundimiento de su sistema bancario, un tribunal de Luxemburgo acaba de dar la razón a Reikiavik en su forma de abordar la quiebra del Icesave.

 El Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) considera que el país no violó la ley cuando se negó a devolver a 300.000 ahorradores extranjeros el dinero depositado en unas entidades que ofrecían unos intereses que entonces parecían irrechazables. “Es una victoria para la democracia. Se envía el mensaje de que los bancos no pueden recoger los beneficios y mandar la factura a los contribuyentes cuando las cosas van mal”, resume el economista islandés Magnus Skúlasson.

El tribunal, en el que también están representados Noruega y Liechtenstein, aporta un matiz muy interesante: Islandia no está obligada a pagar, ya que “el fondo de garantía de depósitos fue incapaz de hacer frente a sus obligaciones en el caso de una crisis sistémica”. Se abre la puerta así a que en otras situaciones límite los Estados no devuelvan el dinero de sus ahorradores extranjeros.

Un portavoz comunitario se apresuró ayer a contestar que Bruselas se aferra a que las obligaciones de los fondos de garantía de depósitos se mantienen “vigentes también si hay una crisis sistémica”. Pese a todo, la Comisión Europea asegura que necesita tiempo para estudiar el fallo. “La sentencia es también buena para Holanda y Reino Unido. Si hubieran ganado, eso supondría que el Estado nación es responsable de todos los depósitos bancarios, algo que ningún país quiere”, añade Jon Danielsson, de la London School of Economics.

Tras la bancarrota, los Gobiernos de Londres y Ámsterdam usaron sus arcas para compensar a los clientes del banco islandés. Poco después iniciaron el proceso legal que ayer llegó a su fin, ya que la sentencia —que Reikiavik considera “una satisfacción considerable”— no admite recurso.

Lo paradójico del caso es que, pese al apoyo de los tribunales, Islandia ha acabado por pagar gran parte del dinero que le reclaman. Reikiavik ya ha reembolsado unos 3.300 millones de euros, cerca de la mitad del total desembolsado en Icesave, la marca con la que operaba fuera de la isla el banco Landsbanki, una de las tres entidades financieras que quebraron en 2008 y llevaron al país entero a la bancarrota. La cantidad ya pagada supone más del 90% del mínimo garantizado que el Estado estaba obligado a devolver.

Por una parte, Londres se queda lejos de su objetivo de lograr la devolución de todo el dinero invertido –que supondría que cada islandés pagara unos 12.500 euros- con sus correspondientes intereses. Pero por otra, el Gobierno ya ha anunciado que continuará pagando el mínimo garantizado. Así que, pese a la sentencia, los contribuyentes, de una forma u otra, acabarán pagando una parte de los excesos cometidos por sus banqueros.

EL ESPACIO RURAL-EL ESPACIO URBANO

Esquema: Poblamiento rural y urbano

• El poblamiento (distribución de la población en asentamientos) presenta dos tipos diferenciados: el poblamiento rural y el urbano, diferencias:

Diferencias demográficas
 El poblamiento rural esta formado por asentamientos de menos de 10.000 habitantes y tiene baja densidad de población. La natalidad es alta y la mortalidad es baja
 El poblamiento urbano está formado por centros de más de 10.000 habitantes con una alta densidad de población. La natalidad es superior y la mortalidad inferior a las del poblamiento rural.

  Diferencias morfológicas (de la forma)
 El poblamiento rural se caracteriza por viviendas bajas y calles estrechas. Las casas además de residencia pueden servir para las labores agrícolas.
 El poblamiento urbano se caracteriza por viviendas de más alturas y calles anchas. Las casas unicamente sirven de residencia.

Diferencias económicas
 En el poblamiento rural las principales actividades económicas corresponden con el sector primario.
 En el poblamiento urbano las principales actividades económicas corresponden con el sector secundario y terciario.

Diferencias sociales
 El poblamiento rural es más homogéneo socialmente
 El poblamiento urbano cuenta con más diferencias sociales.

Tipos de poblamiento

Poblamiento rural:
 Disperso.

1. Absoluto. Casas rurales diseminadas.
2. Concentrado laxo. Casas rurales próximas entre si formando caseríos pero separadas físicamente y contiguas al terreno de cultivo.
3. Intercalar. Combinación de los dos anteriores.

 Concentrado. Casas anexas unas a otras separadas del terreno de cultivo.

• Lineal. Casas agrupadas longitudinalmente en torno a una vía principal.
•  Apiñado. Casas agrupadas de modo concéntrico más o menos irregular.

o Poblamiento urbano.
• El hábitat (espacio físico habitado con unas características físicas determinadas) también es distinto según el tipo de poblamiento:

o El hábitat urbano.

Videos sobre la Sainte Chapelle de París.

Aquí os dejo dos vídeos sobre la Sainte Chapelle de París. El primero es un vídeo que nos permite sentirnos en su interior y captar la esencia de la arquitectura gótica a través de la luz que proporcionan sus vidrieras. El segundo es un vídeo más didáctico.

Tema 49 oposición Geografía e Historia. II República y Guerra Civil.

Material para completar la problemática político-social que enmarca la II República. 

Casas Viejas, ochenta años después.-

EL PAÍS.- 10/01/2013.  Julián Casanovaà  Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

Forenses y periodistas, ante los cadáveres de Casas Viejas en enero de 1933.

Cuando llegó la República, el 14 de abril de 1931, la CNT apenas tenía veinte años de historia. Era el único sindicalismo revolucionario y anarquista, de acción directa, independiente de los partidos políticos,  que quedaba ya en Europa. Aunque muchos identificaban a esa organización con la violencia y el terrorismo, en realidad eso no era lo más significativo ni más sorprendente de su corta historia. El mito y la realidad de la CNT se había forjado por otros caminos, por el de las luchas obreras y campesinas, un sindicalismo eficaz que ganaba conflictos a patronos intransigentes con los trabajadores.

La CNT mantuvo relaciones muy difíciles con la República. Aprovechó las libertades y esperanzas de los primeros momentos para fortalecer la organización. Pero la luna de miel con la República duró poco. La República llegó a España en medio de una crisis económica internacional sin precedentes y aunque los factores económicos, como han mostrado los especialistas, no determinaron su trágico final, sí que complicaron el gobierno y la puesta en marcha de las reformas. La lucha por el control del trabajo disponible, por el reparto del espacio sindical, y la confrontación en torno a los jurados mixtos, el entramado corporativo propuesto por Francisco Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo, constituyeron los hilos conductores básicos de la agitación anarquista, de las huelgas planteadas y de los duros enfrentamientos entre los dos sindicalismos, el de la UGT y el de la CNT, ya arraigados entre las clases trabajadoras.

Las movilizaciones anarquistas, y los conflictos en el campo y en las ciudades, ofrecieron muy pronto la oportunidad de comprobar que las fuerzas del orden, en especial la Guardia Civil, actuaban con la misma brutalidad que con la Monarquía. En el primer año de la República hubo decenas de conflictos que se extendieron por áreas de latifundio, como Badajoz, o por zonas de pequeña propiedad y de aparente calma, como en Arnedo (La Rioja) y Épila (Zaragoza), que provocaron abundantes muertos, resultado casi siempre de choques con la Guardia Civil, que disparaba a concentraciones y manifestaciones de trabajadores ante la pasividad de algunas autoridades gubernativas.

El sector más puro del anarquismo encontró en los muertos y la represión un resorte para la movilización contra la República. Y fue a partir de enero de 1932, tras los sucesos de Arnedo, que dejaron once muertos, cuando esa retórica sobre el derramamiento de “sangre proletaria” se incorporó a los medios de difusión anarquista. De la protesta se pasó a la insurrección. Tres tentativas de rebeldía armada en apenas dos años, incitadas por militantes anarquistas y que contaron con algún apoyo obrero y campesino.

 Lo que sucedió en enero de 1933 tuvo consecuencias políticas de largo alcance. El día 8 de ese mes, el Comité Regional de Defensa de Cataluña provocó una insurrección que se extendió, con poco éxito, por algunos pueblos del País Valenciano y Aragón. Cuando ya estaba sofocada,  comenzaron a llegar las noticias de disturbios en la provincia de Cádiz. El 10 de enero, el capitán Manuel Rojas recibió la orden de trasladarse desde Madrid a Jerez con su compañía de asalto para poner fin a la rebeldía anarquista. Pasaron la noche en el tren. Cuando llegaron a Jerez, la línea telefónica había sido cortada en Casas Viejas, una población de apenas dos mil habitantes a diecinueve kilómetros de Medina Sidonia. Grupos de campesinos afiliados a la CNT tomaron posiciones en el pueblo la madrugada del 11 de enero, siguiendo las instrucciones de los preparativos que se habían hecho por anarquistas de la comarca de Jerez, y cercaron con algunas pistolas y escopetas el cuartel de la guardia civil. Tres guardias y un sargento estaban dentro. Tras un intercambio de disparos, el sargento y otro guardia resultaron gravemente heridos. El primero murió al día siguiente; el segundo, unos días después.

A las dos de la tarde de ese 11 de enero, doce guardias al mando del sargento Anarte llegaron a Casas Viejas. Liberaron a los dos compañeros que quedaban en el cuartel y ocuparon el pueblo. Muchos campesinos, temerosos de las represalias, huyeron. El resto se había encerrado en sus casas. Unas horas después, cuatro guardias civiles más y doce de asalto, mandados por el teniente Fernández Artal, se unieron a los que ya habían controlado la situación. Con la ayuda de los dos guardias que conocían a los vecinos del pueblo, el teniente comenzó la búsqueda de los rebeldes. Cogieron a dos y los golpearon hasta que señalaron a la familia de Francisco Cruz Gutiérrez,Seisdedos, un carbonero de setenta y dos años que acudía de vez en cuando al sindicato de la CNT pero que no había participado en la insurrección. Sí que lo habían hecho dos de sus hijos y su yerno que se refugiaron, tras el cerco del cuartel, en su casa, una choza de barro y piedra muy delgada.

El teniente ordenó que forzaran la puerta de la choza. Respondieron con disparos desde dentro y un guardia de asalto cayó muerto. A las diez de la noche llegaron refuerzos con granadas, rifles y una ametralladora. Empezaron el asalto con poco éxito. Unas horas después, se les unió el capitán Rojas, con cuarenta guardias de asalto, a quien Arturo Menéndez, director general de Seguridad, había ordenado se trasladara desde Jerez a Casas Viejas para acabar con la insurrección y "abrir fuego sin piedad contra todos los que dispararan contra las tropas".

Rojas mandó incendiar la choza. En ese momento, algunos de sus ocupantes ya estaban muertos por las balas de los rifles y las ametralladoras. Dos fueron acribillados cuando salían huyendo del fuego. María Silva Cruz, La Libertaria, nieta de Seisdedos, salvó la vida al llevar un niño en  brazos. Ocho muertos fue el saldo; seis de ellos quedaron calcinados dentro de la choza, entre quienes se encontraban Seisdedos, dos de sus hijos, su yerno y su nuera. Amanecía un nuevo día, 12 de enero de 1933.

Rojas envió un telegrama al director general de Seguridad: "Dos muertos. El resto de los revolucionarios atrapados en las llamas". Le informaba también que continuaría con la búsqueda de los dirigentes del movimiento. Envió a tres patrullas a registrar las casas, acompañados por los dos guardias del cuartel de Casas Viejas. Nada más empezar, mataron a un viejo de setenta y cinco años que gritaba "¡No disparéis! ¡Yo no soy anarquista!". Apresaron a otros doce, de los cuales sólo uno había tomado parte en el levantamiento. Esposados, los arrastraron hasta la choza de Seisdedos. El capitán Rojas, que había estado bebiendo coñac en la taberna, empezó el tiroteo, seguido por otros guardias. Asesinaron a los doce. Poco después, abandonaron el pueblo. La masacre había concluido. Diecinueve hombre, dos mujeres y un niño murieron. Tres guardias corrieron la misma suerte. La verdad de los hechos tardó en conocerse, porque las primeras versiones situaban a todos los campesinos muertos en el asalto a la choza de Seisdedos, pero la Segunda República ya tenía su tragedia.

Decenas de campesinos fueron arrestados y torturados. El Gobierno, dispuesto a sobrevivir al acoso que desde la izquierda y la derecha emprendieron contra él por la excesiva crueldad con la que se había reprimido el levantamiento, eludió responsabilidades. "No se encontrará un atisbo de responsabilidad para el Gobierno", declaró su presidente, Manuel Azaña, en el discurso a las Cortes del 2 de febrero de ese año. "En Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir”. Frente a "un conflicto de rebeldía a mano armada contra la sociedad y el Estado", él no tenía otra receta, les repitió varias veces a los diputados, aunque se corriera el riesgo de que algún agente del orden pudiera excederse "en el cometido de sus funciones". En cualquier caso, dijo ante el mismo escenario el 2 de marzo, en la política social del gobierno no estaban los orígenes de esas rebeliones contra el Estado, contra la República y contra el orden social: "Nosotros, este Gobierno, cualquier Gobierno, ¿hemos sembrado en España el anarquismo? (…) ¿Hemos amparado de alguna manera los manejos de los agitadores que van sembrando por los pueblos este lema del comunismo libertario?".

Pese a que algunos periódicos como ABC  aplaudieron inicialmente el castigo dado a los revolucionarios, la animadversión desde las fuerzas de la derecha al Gobierno creció a palmos a partir de ese momento. La CNT, que lo único que sacó de aquellos hechos fueron más mártires para la causa, quedó muy dividida y debilitada, pero el gobierno republicano-socialista acabó desprestigiado y herido de muerte.

Miembros de la comisión parlamentaria, en Casas Viejas.

La oposición de la CNT privó a la República de un apoyo social fundamental. El radicalismo anarquista, no obstante, aunque contribuyó a extender la cultura del enfrentamiento, no fue el único movimiento, ni el más potente, que obstaculizó la consolidación de la República y de su proyecto reformista. Los grupos dominantes desplazados de las instituciones políticas con la llegada de la República reaccionaron muy pronto. En Casas Viejas, la brutalidad  de los mecanismos de represión del Estado quedó al desnudo. Los gobiernos republicanos no supieron, o no pudieron, adaptar la administración de las fuerzas de orden público a un régimen democrático. Y vista así la historia, no es casualidad que el  golpe de muerte a la República se lo dieran, en julio de 1936, desde dentro, desde el propio seno de sus mecanismos de defensa.

Los rectores piden pactar la nueva Selectividad para evitar el caos

 La reforma establece una reválida en bachiller y deja a los campus hacer pruebas propias
 Las universidades reclaman que estas sean válidas en toda España


Los rectores tendrán muy pronto que poner hilo a la aguja y posicionarse sobre cómo debe ser el nuevo acceso a la universidad, ya que la reforma educativa elimina la Selectividad. Cataluña abrió el melón en diciembre cuando las siete universidades públicas y la Generalitat acordaron mantener una prueba única para todos los alumnos.

El anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que tramita el Gobierno sustituye la actual prueba de Selectividad por una reválida al final del bachillerato (imprescindible para conseguir el título y acceder a los campus), y permite a las universidades, si lo desean, crear sus propias pruebas de acceso para las carreras que quieran. Con la propuesta catalana, los alumnos tendrían dos exámenes distintos de filtro: la reválida de bachiller y la prueba de acceso diseñada por las universidades.

En todo caso, la mayoría de los flecos y de las concreciones están aún completamente abiertas. Y en ese contexto, los rectores del resto de comunidades se apresuran a definir una estrategia, con la premisa clara de que si los campus crean nuevas pruebas de selección, estas deben ser válidas en todo el Estado. “Vemos la iniciativa catalana con cierta preocupación, ya que obliga a otras comunidades a hacer lo mismo”, tercia Juan Juliá, rector de la Politécnica de Valencia y vicepresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Otros rectores, sin embargo, ven con buenos ojos la propuesta catalana y, en todo caso, la mayoría están convencidos de que hay que buscar una solución común para evitar el “caos” que provocaría en el sistema universitario que los alumnos tengan que pasar pruebas distintas en las diferentes universidades o, incluso, facultades en que se preinscriban. “La movilidad de los estudiantes se reduciría muchísimo”, alerta Juliá. Se trataría de evitar la creación de 17 sistemas segregados y los consecuentes agravios comparativos entre las distintas comunidades. “Los alumnos no pueden estar paseando por toda España haciendo pruebas”, se queja José Manuel Roldán, rector de la Universidad de Córdoba y representante de los rectores andaluces.

Sin una propuesta oficial desde las universidades (más allá de la catalana), la idea inicial del proyecto de ley, expresada por algunos consejeros autonómicos del PP, es que solo se hagan evaluaciones extra, aparte de la reválida, para entrar en las carreras con mucha demanda —Medicina, Arquitectura o algunas ingenierías—, al igual que la que ya existe en algunas facultades de Bellas Artes. La propuesta de ley dice que estas evaluaciones tendrán carácter “excepcional” y también establece otros mecanismos para acceder a titulaciones concretas, como tener en cuenta las notas de determinadas asignaturas del bachillerato o de la reválida, o estudios o formación previa. Para entrar en el resto de carreras contaría la nota de la reválida, en cuya preparación no participarían las universidades.

Lo que sí tienen claro los rectores, en todo caso, es que la prueba que se haga desde los campus debe ser válida en toda España. La CRUE propone que sea el Consejo de Universidades (donde están representados Gobierno y rectores) el que establezca las pautas de las evaluaciones, que servirían de base para que posteriormente cada comunidad las concrete. Más o menos como hasta ahora, ya que los Gobiernos autónomos tienen las competencias sobre la Selectividad, que después tiene validez estatal.
Los rectores creen que no debe haber una prueba para cada facultad
Los rectores rechazan por “cuestiones técnicas y de objetividad” que cada facultad ponga sus propias pruebas de acceso, porque los alumnos quedarían a merced de criterios dispares fijados por cada universidad en función de sus intereses. “Sería una discriminación para los alumnos, ya que podríamos elegir a aquellos que nos apeteciera”, alerta el rector de la Complutense de Madrid, José Carrillo. Este argumento esgrimieron las universidades catalanas para consensuar una prueba común y única, y alertaron del peligro de “mercantilización” y “elitización” de los campus, según el rigor de las pruebas que establecieran.
Los rectores coinciden en que la actual Selectividad tiene “muchos defectos y es mejorable”, pero en general no les gusta la idea de eliminar este filtro porque garantiza el principio de igualdad, ya que todos los alumnos se someten a la misma criba. El rector de la Complutense dice, sin embargo, que la reválida del bachillerato “podría ser suficiente”, en tanto que es una prueba de evaluación externa que no corrigen los institutos, ya que podría “ser redundante” someter a los alumnos a exámenes muy parecidos (la reválida y la nueva Selectividad) con pocos días de diferencia. Para evitar esto, Cataluña acordó que en la prueba universitaria los estudiantes solo se evaluaran de las asignaturas de modalidad, es decir, la especialidad que han cursado, las clásicas ciencias o letras.

Las universidades no han hecho todavía ningún movimiento para copiar los pasos de Cataluña, pero lo podrían hacer pronto. De hecho, los rectores madrileños se reunirán después de las vacaciones navideñas. Por su parte, Andalucía podría abordar el asunto durante el primer trimestre del año.

UN POCO DE HISTORIA: Cuatro décadas sorteando críticas

Las críticas han acompañado a las pruebas de acceso a la universidad, la Selectividad, desde su nacimiento con la ley educativa de 1970, que eliminó las reválidas en el resto de etapas pero mantuvo esta criba previa a la llegada al campus. Siempre se le ha atacado desde todos los flancos: por blanda, ya que aprobaba mucha gente, siempre más de 75% (en torno al 90% en los últimos años), o por dura, innecesaria y antisocial, un “exceso de celo”, como la calificó en 1984 Manuel Vázquez Montalbán. Además, muchos profesores se han quejado tradicionalmente de que el examen condiciona de tal manera lo que enseñan en segundo de bachillerato (antes, el COU) que el curso se convierte en una pura preparación de la prueba.

Pero la Selectividad ha conseguido sobrevivir —eso sí, con distintas versiones, contenidos, número de exámenes y ponderaciones entre la nota y del examen del bachillerato— desde su primera edición, allá por 1974.

Y lo ha hecho porque, según sus defensores, es la forma menos mala de cumplir un doble objetivo: garantizar un nivel mínimo homologable para todos los estudiantes que llegan a la Universidad, al margen del tipo de centro (público o privado); y ordenar la entrada en aquellas carreras que tienen más demanda que oferta de plazas.

La propuesta de sustituir la Selectividad por una reválida (más las evaluaciones concretas que quisieran añadir las universidades), en realidad, es una vieja propuesta del PP que, de hecho, plasmó en la ley educativa aprobada durante la segunda legislatura de José María Aznar (LOCE, 2002). Durante el desarrollo de aquel nuevo formato, los rectores renunciaron a hacer pruebas propias posteriores a la reválida por ser un “sistema complejo y que genera desigualdades”, dijeron. Eso sí, reclamaron participar en la confección de la reválida de bachillerato.

En todo caso, la Selectividad también consiguió sobrevivir a aquel envite pues, como la mayoría de los cambios que contemplaba la LOCE, el del acceso a la Universidad no se llegó a aplicar porque el PSOE paralizó la puesta en marcha de la ley al llegar a La Moncloa en marzo de 2004.